Madre denuncia la grave situación de vulneración de derechos que estamos atravesando a nivel social

Denunciar la grave situación de vulneración de derechos que estamos atravesando a nivel social debido a las múltiples situaciones de abandono institucional por parte de los organismos responsables de la protección de la infancia.

Yo sé que cada persona tiene sus propios problemas y luchas, pero como sociedad debemos hacernos responsables de proteger a los más vulnerables: los niños.

Hoy quiero visibilizar mi situación: el abuso de poder, la violencia institucional, las acciones malintencionadas y también la inacción de los organismos del Estado.
Hablar de la omisión de las leyes por parte de quienes tienen la obligación de garantizarlas.
Del abandono que sufrimos mi hija y yo, por parte de quienes debían protegernos.
Y sé que esto no solo me pasa a mí: le pasa a muchas madres y a muchos niños.

Me llamo Catalina Yamilé Cárcamo Tapia y soy mamá de una niña. Desde el 8 de enero que mi hija se encuentra en el hogar de niños, por una falsa denuncia hecha por el bis-abuelo de mi hija, porque al parecer el padre de mi hija manipuló a su abuelo para que dijera que yo no veía a mi hija hace cinco días, cuando bien yo no dormia ahí hace 5 días, por un malentendido con la bis-abuela, pero la realidad es que yo iba a ver a mi hija todos los días, a la mañana, al mediodía y/o a la tarde. Además mi hija estaba bien, estaba siendo cuidada por su bis-abuela. Sólo el domingo no fui, y el lunes a las 8 de la mañana yo ya estaba esperando a que abrieran el portón para verla.

Además sabiendo que tanto yo como mi hija estábamos en una situación de vulnerabilidad, con falta de vivienda estable, pudieron habernos llevado a ambas a un hogar de abrigo, pero en su lugar decidieron institucionalizar a mi hija y hacer abandono de parte del Estado hacia mi persona.

Hace tres meses que la oficina de niñez no me permiten ver a mi hija, sin orden judicial, sin justificación legal, sin ninguna razón válida más allá de una situación de vulnerabilidad económica —que además, no es causa suficiente para quitar un niño a su madre, tal como lo establece la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Usaron la excusa de que yo no tenía vivienda para justificar la separación. Lo cual es injusto y clasista.
Desde entonces, la Oficina de Niñez de Caleta Olivia, lejos de ayudarme a recuperarla o fortalecer el vínculo, me fue alejando cada vez más.

Una psicóloga que antes trabajaba ahí, la echaron porque claramente la forma incongruente tan evidente que tiene de alejar a los padres de sus hijos institucionalizados los deja a todos en evidencia. Pero esa mujer posiblemente ahora está trabajando en otro lado haciendo lo mismo o peor. Ella y otra funcionaria pública de la oficina de niñez me dijeron que yo podía irme a vivir donde yo quiera, mientras que yo cumpla con el plan de trabajo que ellos me habían dado; tener una vivienda, trabajo y continuar con el tratamiento psicológico. Que luego desde la oficina iban a comunicarse con la oficina de niñez de dónde esté para que me hagan una visita la asistente social de allá. Por esa razón viaje a Buenos Aires y en menos de un mes ya tenía todo lo que no pude conseguir acá en 2 años. Hasta que les mandé la dirección del lugar en el que estaba viviendo en Buenos Aires y no me volvieron a responder los mensajes. Mandé a una amiga mía a comunicarles mi dirección y preguntar porque no me estaban respondiendo los mensajes, a lo que le respondieron que ya habían hablado conmigo -mienten y engañan- que me habían dicho que sí o sí me tenía que establecer acá en Caleta Olivia, creando un doble discurso en la misma oficina. Cuando quise denunciar está situación mientras estaba en Buenos Aires me dijeron “no es nuestra jurisdicción”, cuando la misma ley establece que los organismos deben estar interconectados para garantizar derechos en todo el país. Está es una falla sistemática en el Estado, en la justicia y en el cumplimiento de la misma.

Actualmente la oficina de niñez sigue actuando con negligencia, ponen excusas, no me informan de actos escolares, no me permiten tener comunicación con mi hija, ni siquiera por videollamada. Básicamente me han despojado totalmente de mi rol de madre.
Y encima, me advirtieron que si pasan 180 días pueden declararla en situación de adoptabilidad.
Pero antes que eso, el Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no destruir vínculos.

Yo cumplí con todo lo que me pidieron:
Inicié tratamiento psicológico (que pago yo, porque ni siquiera me ofrecieron facilitarme los turnos).
Ya tengo un lugar donde vivir.
Me presenté en cada instancia.

Pero ellos no están cumpliendo con la ley:
No me facilitaron un abogado, dejándome sin la posibilidad de defenderme. Recién hace 2 meses que tengo representación legal en mi caso. Pero hasta ahora no me permiten acceso a mis legajos.

Me pusieron excusas y lo único que me han hecho es perder tiempo valioso con mi hija.

Ya hice una denuncia en Fiscalía, aunque al principio intentaron disuadirme para que no lo hiciera. Pero la hice igual, porque a mí no me van a callar.

Hoy estoy acá porque esto no se trata solo de mi hija y de mí.
Se trata de cuántos niños más están institucionalizados por motivos que no son delitos, sino necesidades.
Se trata de cuántas madres están siendo silenciadas, juzgadas e ignoradas por un sistema que se desentiende cuando más debería estar acompañando, que se lava las manos cuando más deberían proteger.

Y si este mensaje llega a otras madres, a medios, periodistas, abogados, psicólogas, o a personas que trabajan en Niñez y también están cansadas de ver injusticias:

Hablemos. Denunciemos. Tenemos la responsabilidad ciudadana de informarnos y conocer las leyes así no siguen invalidando nuestros derechos y los de nuestros niños.