Adosac, Petroleos Privados, Judiciales y Apjam rechazan la «criminalización de la protesta»

Partido Judicial en Santa Cruz???

El pedido de cambiar la carátula de la causa que imputa a cuatro trabajadores estatales, por los hechos acontecidos en una protesta fuera de la residencia de la gobernación en 2017, generó hoy una conferencia de prensa convocada por Adosac y respaldad por otros tres gremios. Acusaron al gobierno de Alicia Kirchner de tratar de «amedrentar» a los trabajadores «criminalizando la protesta social». Mirá acá los videos de la conferencia y las entrevistas.
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La conferencia de prensa fue citada para hoy a las 11 por el gremio de Adosac. Se llevó adelante en instalaciones de la filial local docente, y los dirigentes fueron acompañados por sus pares del gremio de Judiciales, los jerárquicos municipales de Apjam, y del sindicato de Petroleros Privados.

En el año 2017, una protesta e la que participaron trabajadores estatales se desarrolló fuera de la residencia oficial de la gobernación, en Río Gallegos. En su interior cenaban la gobernadora junto a la vicepresidenta Cristina Fernández y sus nietas. En un principio y hasta estos días, la causa estuvo caratulada como «tentativa de violación de domicilio». A perdido de la parte querellante, esto podría cambiar a «Femicidio en grado de tentativa» para los imputados varones, y «homicidio en grado de tentativa» para la imputada mujer. Los acusados son Claudio Watson, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance.

Al principio de la conferencia tomó la palabra César Alegre, secretario general de Adosac Caleta Olivia, quien señaló que la convocatoria guarda relación directa y enfática con «el repudio al cambio de carátula de la causa contra nuestros compañeros, que hoy están siendo injustamente procesados. Están tratando a los compañeros de femicidas. Es verdaderamente muy grave, por eso hoy queremos rechazarlo», dijo. Además, quiso dejar en claro que «como trabajadores invitamos a todos los gremios a que se puedan unir. Hoy le toca a Adosac y a compañeros de ATE, pero mañana le puede tocar a cualquiera. Acá tenemos un dicho, que dice que si tocan a uno, nos tocan a todos».

Alegre hizo hincapié que de pate del gobierno de Alicia Kirchner «estamos recibiendo constantes aprietes». Y acotó que en este caso puntual, la Justicia «juega un papel importante, que es cumplir las órdenes de la gobernadora para tratar de culpar a nuestros compañeros de femicidas».

El docente relacionó el intento de cambio de carátula a la situación de protesta actual. Definió el intento como «dislate jurídico», tal como lo hizo el abogado de la entidad en las últimas horas, y aseveró que se trataría de una medida de «amedrentamiento» y «amenaza» de parte del gobierno con los docentes y «cualquier trabajador que luche».

También consideró que la intención gubernamental es «meter presos» a los imputados y resaltó que con esto «nos quieren mantener callados e inmovilizados»: pero que «no lo lograrán».

Finalmente ató todo al pedido de aumento salarial y expresó que en Santa Cruz un preceptor gana 135 mil pesos y una docente de nivel inicial 138 mil pesos. «Quieren a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza», culminó.

Por parte del gremio de Judiciales, participó de la conferencia la referente Susana Gargiulo. Con posterioridad al acto brindó una entrevista a El Caletense Radio y expresó sentirse «muy preocupada por la situación que están atravesando los compañeros docentes». Afirmó y no tener dudas que esto se trata de una «persecución política» y aseguró creo que es un intento de «adoctrinamiento para el resto de los sindicatos y asociaciones gremiales. Es decir, todo lo que tenga que ver con la protesta del trabajador, la van a querer criminalizar y esto es un claro mensaje para que nadie se movilice».

Agregó luego que «hoy nos preocupa este pedido de cambio de carátula, que todavía no cambió pero que están pretendiendo hacerlo. Es una carátula complicada porque es una figura delictual complicada. No es excarcelable, es de cumplimiento efectivo. Se trata de un dislate jurídico, como lo dije recién. Es algo imposible de probar o de comprobar. O sea, lo que están queriendo hacer es distraer y meter miedo a los compañeros, a todos los compañeros trabajadores, para que no reclamen por su sueldo».

Finalmente remarcó que al escuchar que una docente gana entre 135 mil y 138 mil pesos, «sabiendo lo que trabajan, porque no son solo las horas que están en el aula, además trabajan en sus casas, con ese dinero ninguna persona puede mantener una familia; es imposible».

En representación de la comisión directiva de Petroleros Privados asistió al encuentro Luis Melo. «Es terrible lo que está pasando en la provincia con esto de judicializar una protesta que es un derecho que tenemos todos los gremios. Creo que no podemos hacer la vista para otro lado. Primero que son docentes, son los formadores de la educación y nosotros también somos padres. Segundo que así como lo hacen con Adosac, también le puede estar pasando a algún otro gremio con los reclamos que son justos. No puede ser que una causa del año 2017 que ya estaba prácticamente acéfala, la reúsen con cambio de carátula que perjudica gravemente los intereses de todos los representados», manifestó.

También recordó que la a gestión de Claudio Vidal «hace mucho tiempo que viene apoyando el conflicto docente. Hemos estado en varias marchas apoyando a las compañeras y a los compañeros, y vamos a seguir estando; ahora más que nunca. Yo creo que la gobernadora tiene que hacer un acto de grandeza y en este poco tiempo que le queda para seguir gobernando debe convocar a las partes y escuchar las soluciones que desde el gremio de Adosac le están presentando», opinó.

Por último consideró que «no puede ser que en una provincia tan rica en recursos, en minería, en oro, plata, petróleo, gas, en la actividad pesquera, el turismo, que tiene muchos ingresos en dólares; tengamos trabajadores, profesionales, que están muy por debajo de lo que es la línea de pobreza. Acá falta una reflexión profunda, sobre qué es lo que quiere dejar en este poco tiempo que le queda a la gobernadora», culminó.

Vale contar que por parte de Apjam estuvo presente Alejandro Lugo, tesorero de la entidad de aglutina a los trabajadores jerárquicos de la municipalidad e Caleta Olivia.

Fuente el Caletense